Recientemente ha saltado a la luz un caso que ha puesto nuevamente el foco sobre el uso de métodos de investigación privada por parte de empresas para controlar a trabajadores en situación de baja médica, y las implicaciones legales que esto conlleva.
Según una información de La Razón, un trabajador asturiano fue despedido de forma disciplinaria tras ganar una prueba de ciclismo de montaña mientras se encontraba de baja médica, y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) confirmó la procedencia del despido al considerar que la participación en esa actividad resultaba incompatible con las limitaciones médicas alegadas durante su incapacidad temporal.
¿Qué ocurrió realmente?
Los hechos ocurrieron en junio de 2023. El empleado, tras sufrir síntomas como mareo, confusión y lentitud en el habla —que motivaron su traslado hospitalario y baja médica— participó en una competición de ciclismo de montaña en Tineo, completando el recorrido (con bicicleta eléctrica) y compartiendo fotografías de su actuación en redes sociales.
Esto llevó a la empresa a abrir un expediente disciplinario, apoyándose —entre otras pruebas— en informes realizados por detectives privados que acreditaron la participación del trabajador en la prueba y en otras actividades físicas durante su baja. A partir de ese material, la empresa consideró que se había producido una simulación de enfermedad o una grave vulneración de la buena fe contractual, y optó por el despido disciplinario.
¿Qué dijo la justicia?
El trabajador impugnó el despido alegando, entre otros argumentos, que la empresa había vulnerado su derecho a la intimidad y que el cese era improcedente o nulo por discriminación ligada a su situación de salud. Sin embargo:
- El Juzgado de lo Social desestimó sus pretensiones.
- El TSJA reforzó la decisión: consideró que la actividad deportiva era incompatible con las limitaciones médicas declaradas en la baja, y que las pruebas obtenidas en espacios públicos no vulneraron derechos fundamentales.
El papel de la investigación privada
Este caso tiene un ingrediente relevante para los profesionales de la investigación privada:
- Obtención de pruebas en espacios públicos vale como evidencia ante la justicia siempre que se respete la legalidad vigente (no hay injerencia en intimidad o correspondencia).
- Los informes de investigación privada pueden ser determinantes para justificar la decisión empresarial, especialmente cuando se cuestiona la veracidad de una incapacidad temporal o se busca acreditar mala fe contractual.
No obstante, el uso de detectives privados en el ámbito laboral siempre exige sumo cuidado. Para que las pruebas sean útiles y admisibles:
- Deben ser obtenidas sin vulnerar derechos fundamentales (por ejemplo, no grabar dentro del domicilio del trabajador o incumplir normas de protección de datos).
- Su valor probatorio dependerá de la calidad, la cadena de custodia y la contextualización de las imágenes/documentación obtenida.
